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    Verificación de seguridad:

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    19
    Jun

    Los detectives privados centran su trabajo en la piratería y estafas online

    Los detectives privados centran ahora sus investigaciones en la piratería, las estafas por internet a empresas y las falsificaciones de marcas, según el Congreso de Detectives Privados celebrado recientemente en Barcelona.

    El Congreso, organizado por el Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña, ha centrado sus ponencias en las nuevas temáticas con las que lidian los investigadores privados, como son la piratería, las estafas por internet en el ámbito empresarial así como las falsificaciones de marcas.

    La intención del Congreso también es “romper con los tópicos” que suelen acompañar a la profesión en la que, aseguran los organizadores, “abundan los profesionales con dobles grados universitarios y especializados en materias como la ciberdelincuencia, las estafas empresariales o la defensa de las marcas”.

    Según los datos del Observatorio de la piratería, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos ilegales a contenidos de piratería en España y, aunque esto supone una caída del 6% respecto al año pasado, “las arcas públicas podrían haber ingresado 575 millones de euros entre IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad social de no ser por la piratería”.

    En el congreso también se abordará la digitalización de la economía y los respectivos sistemas de pago que están “multiplicando los ataques y las estafas” de las que son víctimas tanto pequeñas como grandes empresas.

    Otro de las temáticas tratadas es la falsificación y el contrabando que, según los datos facilitados por la Asociación para la Defensa de la marca, ascienden a 6.175 millones de euros y suponen más de 40.000 puestos de trabajo perdidos.

    Este congreso también ha reivindicado la labor del detective privado en otros ámbitos como el “laboral, familiar o el de la vigilancia”.

    11
    Jun

    ¿Existe una alerta AMBER en España para los niños desaparecidos?

    ‘Alerta Amber. Huida hacia la vida’ es una película de 2017 que narra la desaparición de una madre con sus dos hijos menores de edad; ‘Amber Alert‘, traducida al castellano como ‘La negociadora’, es otra cinta de 2016 producida para televisión que cuenta el trabajo de una detective que se embarca en un caso de niños secuestrados. En 2008, Canadá produjo ‘Horas desesperadas’, la historia de un expresidiario que secuestra a dos adolescentes y huye en un coche robado. En todas estas películas se activa, como se hace en multitud de capítulos de series como ‘CSI‘, ‘Mentes criminales’ o ‘Sin rastro’, la Alerta AMBER cuando un menor de edad desaparece. Pero más allá de las pantallas, es una medida que se toma con relativa frecuencia, aunque no en España.

    La alerta AMBER nació de la desaparición de una pequeña de nueve años, Amber Hagerman, secuestrada en 1996 en el estado estadounidense de Texas: su cuerpo sin vida apareció días después y jamás se encontró a su asesino. A raíz de esta situación, las autoridades estatales comenzaron a desarrollar un sistema de alerta temprana para ayudar a encontrar a niños secuestrados. Se le puso el nombre de Amber, con las siglas de American’s Missing: Broadcast Emergency Response (Despariciones de América: Transmisión de Respuesta de Emergencia). Primero fue una herramienta localizada en el estado, pero luego se extendió al resto del país y a otras zonas de la región: México dispone también de una herramienta para la búsqueda y localización temprana de niñas, niños y adolescentes no localizados.

    Según el departamento de Justicia estadounidense, la Alerta AMBER ha resultado “muy eficaz”: entre 2002 y 2010 fueron rescatados gracias a este sistema 495 menores. Estas alertas interrumpen la programación regular y a través de ella se anuncian, por radio, televisión y rótulos electrónicos en las carreteras, todas las sustracciones de menores que cumplen una serie de criterios. También se envían a través del teléfono e Internet. ¿Existe un tipo de herramienta similar en España?

    Lo cierto es que en 2014 el Ministerio de Interior creó un sistema similar, denominado Alerta – Menor Desaparecido, para la emisión de alertas y avisos solicitando a la población su colaboración en determinados casos de desapariciones de menores. En virtud de una instrucción emitida desde la Secretaría de Estado de Seguridad en julio de ese año, este tipo de alertas se elaboran desde la Unidad Central de Policía Judicial y deben incluir el canal para recibir información —correo electrónico, teléfono…—, además de los datos reseñables del menor para su localización —día, lugar y hora de la desaparición del menor, nombre, edad, sexo, fotografía, descripción física, descripción de la ropa que llevaba en el momento de la desaparición y, en caso de que se haya utilizado un vehículo, su marca, modelo, color y matrícula—.

    ¿Qué criterios debe cumplir una desaparición para emitir alerta?

    En Estados Unidos, para emitir una Alerta AMBER tienen que darse una serie de criterios: que una agencia oficial confirme que haya habido una sustracción de un menor, que éste esté en riesgo de muerte o de sufrir un grave daño físico, que haya “suficiente información descriptiva del niño, del captor o del vehículo utilizado en la sustracción”, que sea menor de 17 años y, como recomendación, que el incidente se incluya de forma inmediata en la base de datos del Centro Nacional de Incidentes Criminales del FBI.

    Para solicitar que se emita una Alerta – Menor Desaparecido en España también existen unas condiciones —muy similares a las de la Alerta AMBER—, que deben cumplirse irremediablemente:

    • Que el desaparecido sea menor de 18 años
    • Que la desaparición haya sido ratificada como de alto riesgo
    • Que existan indicios razonables de que la desaparición ha sido de carácter forzoso
    • Que la Policía presuma que el desaparecido está en una situación de inminente peligro de muerte o riesgo para su integridad física y que la emisión de dicha alerta no presuponga un perjuicio añadido al desaparecido
    • Que existan datos suficientes para describir al desaparecido y que la petición de colaboración pueda dar resultados positivos
    • Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por quien ostente la patria potestad
    7
    Jun

    Conceden 85 distinciones honoríficas en el día de la Seguridad privada en Balears

    Detectives privados, directores y jefes de seguridad, técnicos, operadores, vigilantes y guardas particulares del campo fueron distinguidos con las 85 Menciones Honoríficas al personal de Seguridad Privada otorgadas con motivo de la celebración del Día de la Seguridad Privada de Balears.

    La undécima edición de esta celebración tuvo lugar en la finca Olivar de Son Termens, promovida por la Delegación del Gobierno en Balears, debido a que es la institutción que representa al Ministerio del Interior en las islas.

    El acto lo presidió la delegada de Gobierno de Balears, Maria Salom, y contó la presencia del jefe superior de Policía de Balears, Antonio Jarabo de la Peña, el teniente coronel Antonio Orantos y el presidente de la comisión organizadora Carlos Botan, entre otros.

    Durante el acto, se entregaron 4 distinciones a personal del grupo Cabanach, lo que hace que nos sintamos orgullosos de nuestra plantilla. Enhorabuena!

    1
    Jun

    El engaño del realquiler a turistas crece

    El tirón del alquiler vacacional y las altas rentabilidades que reporta en las principales ciudades anima a los inquilinos a subarrendar ilegalmente habitaciones o el piso entero.

    La vivienda se ha convertido en el negocio de moda, incluso con casa ajena. La práctica ilegal del subarriendo ha existido desde siempre, pero ahora, gracias al tirón de plataformas de alquiler turístico, se ha vuelto aún más atractiva. Y también más fácil de perpetrar. Algunos inquilinos de larga estancia están alquilando las habitaciones o el piso entero por noches a turistas para lograr un dinero extra, que llega sin apenas esfuerzo y sin el consentimiento del propietario. “Nos estamos encontrando con muchos casos en que se arrienda un piso y, sin embargo, el arrendatario, sin consentimiento del propietario, alquila todas las habitaciones. Es un forma ilegal de obtener ingresos”.

    Basta con anunciar la habitación o la vivienda y empezar a facturar. Lo demás llega solo porque el impacto del alquiler vacacional en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza, Valencia y Palma de Mallorca ha sido brutal. Solo en Madrid la oferta de pisos para turistas ha crecido un 60% en apenas seis meses. El negocio de Airbnb genera en esta ciudad un volumen de 84,7 millones de euros anuales y 144 millones en Barcelona.

    El fraude de estos inquilinosque hacen negocio con una vivienda que no es suya les reporta unas altas rentabilidades. “El alquiler medio de una vivienda completa de menos de 70 metros cuadrados en el distrito Centro de Madrid es de 971 euros al mes. Alguien que subalquile en Airbnb tendría 1.513 euros al mes de ingresos, lo que da una rentabilidad de 55,82%, cuando la rentabilidad media por el alquiler de esta vivienda es de 5,22%”, calcula Olmos. Si se subarriendan habitaciones, la rentabilidad fluctúa en función del coste por noche: las hay por 30 euros y por más de 100. “Con un modelo de ocupación conservador (a 46,50 euros la noche), la estimación de ingresos en el centro es de 283 euros al mes (225 euros de media en la ciudad de Madrid)”, explica Olmos. Aunque podría alcanzar los 600 o 700 euros mensuales solo por una habitación. Desde Airbnb indican que la plataforma “pide a todos los anfitriones que certifiquen que tienen permiso para anunciar su espacio”. En otra plataforma, la de HomeAway, solicita al denunciante y a la persona que ha publicado el anuncio, que aporten la documentación necesaria para identificar a quién pertenece la propiedad. Si se comprueba que ha sido indebidamente publicada, se procede a la retirada inmediata del anuncio.

    Pero estos inquilinos actúan a espaldas del propietario, para el que no es fácil percatarse del fraude, a no ser que esté atento a ciertos detalles. “Los indicios para sospechar son la entrada y salida de personas distintas y las denuncias de los vecinos. Eso te llevará a querer comprobar qué está pasando con tu inmueble”, dice el abogado Pelayo de Salvador, socio fundador de deSalvador Real Estate Lawyers. El portero siempre es ir sobre seguro, así como la ropa tendida y los testigos del barrio. Además, se puede buscar el anuncio en Internet, contratar un detective o que el mismo propietario sea quien alquile una habitación en su propia casa como si se tratara de un turista más. “Es algo así como un mystery shopper o cliente misterioso que se usa en los comercios para evaluar la atención al cliente”, comenta Andrés Vilacoba, de Vilacoba & Parra Abogados y de la Asociación de Propietarios de Vivienda (Adeprovi). “Siempre existe un problema de pruebas, por lo que es aconsejable que el arrendador recopile cuantas pueda para presentarlas en un procedimiento judicial (actas notariales de los anuncios, consultas de disponibilidad…)”, añade De Salvador.

    El fin último es poder demostrar ante un juez que la vivienda se está subarrendando y que además está siendo explotada para uso turístico, dos prácticas ilegales.

    30
    May

    Tertulia Factor M (Canal 4 Radio)

    La semana pasada participamos en la tertulia semanal del programa de Canal 4 Radio Factor M, compartiendo micrófono con el fiscal Jose Diaz Cappa, delegado de Criminalidad Informática, delegado de la Sección de Menores y delegado para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación en la Fiscalía Superior de Baleares.

    Hablamos sobre menores y todo lo que preocupa en el ámbito de los mismos. Gracias por invitarnos!

    Podéis escuchar la entrevista completa a partir del minuto 15:30.

     

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    25
    May

    Qué es la GDPR: guía para entender la nueva ley de protección de datos

    Los datos, el registro de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué pensamos… se han convertido en el fundamento de internet. Si no podemos concebir un día sin Google, Facebook o Whatsapp, tampoco podemos prescindir de los datos que generamos como usuarios y que aprovechamos también com usuarios. Todo gira alrededor de esta industria invisible y multimillonaria que nos hace creer que los servicios virtuales son gratis y de la que ya no nos podemos desenganchar.

    El problema de esta adicción es que el volumen de datos que se registra crece de modo exponencial, igual que crece la dimensión de los robos y los abusos, que han escalado hasta alterar procesos democráticos. Eso sí, frente a la desregulación estadounidense, Europa ha dado el paso de crear el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), el marco regulatorio más estricto hasta el momento.

    Nuevos derechos

    Ya que pasamos nuestra vida conectados al teléfono móvil o al ordenador, ¿en qué nos cambia la vida la entrada en vigor de esta norma? Básicamente, en que los usuarios de cualquier tipo de servicio en la red que registre sus datos -es decir, prácticamente todos- tienen nuevos derechos en lo que se refiere al registro y el uso de la información que le concierne. Es más control a su favor, aunque como sucede con todos los derechos, tienen más valor cuando se conocen.

    ¿Qué derechos?

    El derecho de portabilidad de nuestros datos, por ejemplo, que incluye reclamarlos y depositarlos en otras compañías. Le sigue el de la limitación al tratamiento que se hace de ellos en función de nuestros intereses, junto con los ya tradicionales derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. “La norma también dedica un apartado específico al derecho a oponerse a las decisiones individuales automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles”, explica la Agencia Española de Protección de Datos.

    “Supone un paso adicional en la protección de los ciudadanos”, explica Mar España, directora de la Agencia. “Es un cambio de modelo en la gestión de los datos personales, puesto que se pasa de un modelo reactivo a otro de carácter preventivo, a través de algunas herramientas como puede ser la privacidad por defecto, la privacidad desde el diseño o las evaluaciones de impacto en la protección de datos”.

    Desde Adglow, una de las mayores empresas españolas de publicidad en redes sociales, el punto de vista es coincidente, aunque con matices. “Los usuarios quieren usar los servicios que las plataformas digitales de contenidos, e-commerce o sociales les ofrecen y están dispuestos a pasar por alto muchas cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad”, señala su consejero delegado, Juan Domínguez. “Todo esto no quita para que la ley efectivamente proteja más a los usuarios y obligue a las empresas que usan o intermedian datos a ser más cuidadosos y advertir previa y repetidamente al usuario, que de todas maneras hará lo que le parezca mejor”.

    Consentimiento

    En opinión de este ejecutivo, el espíritu de la ley contrasta con la impulsividad de los usuarios al acceder a los servicios aceptando contratos que no se leen. “Los centros de gestión de privacidad de cualquier red social están disponibles y funcionan”, dice. “Lo que ocurre es que visitarlos conscientemente y dedicar tiempo para afinar qué y cómo compartimos nuestra actividad, sean fotos, posteos, o la huella del GPS del móvil, resulta tedioso”.

    Así es. Nadie se lee los términos o los permisos que otorgamos cada vez que descargamos una app o nos dejamos seguir por una cookie. Ahora, entre los efectos más notables de la nueva ley está el de pedir permiso al usuario para la utilización de sus datos. Ése el motivo por el que en las últimas semanas los buzones electrónicos han recibido millones de mails que proponen renovar la relación con los destinatarios. A partir de ahora, se insistirá en el primer paso: preguntar.

    Y no vale cualquier formato de pregunta. “Desaparece el denominado consentimiento tácito, de forma que aquellas entidades que basaban el tratamiento de datos personales en ese consentimiento tácito, no pueden seguir haciéndolo”, advierte Mar España. El consentimiento según el reglamento debe ser “inequívoco”, lo que exige registrar una manifestación del interesado o mediante una clara acción afirmativa. Ya no vale, por ejemplo, considerar como consentimiento la inacción o el uso de casillas ya marcadas. Y, por cierto: igual de fácil que obtener este consentimiento debe ser cancelarlo.

    Iguales ante la ley

    No todos los datos son iguales ante la ley. La nueva norma establece dos niveles básicos de datos. Hay datos que nos identifican específicamente como individuos, de manera que tienen protección extra, como pueden ser el DNI, la dirección de correo electrónico, el número de cuenta o cualquier dato asociado a una identidad. La información médica, la orientación sexual o creencias religiosas también entran en este capítulo. Ésta es la razón por la que, más allá de los términos y condiciones de aceptación obligatoria, Facebook pide explícitamente a sus usuarios consentimiento para registrar sus opiniones religiosas o, en su proyecto de servicio de citas, su orientación sexual.

    Hay categorías de datos menos relevantes. “El dato ‘Madrid’ como lugar de nacimiento o de residencia no es de nadie”, explica el abogado especializado Borja Adsuara. “Lo que es ‘tuyo’ es tu intimidad. Lo que hay que proteger es la ‘asociación’ entre un sujeto y un dato, porque ese vínculo es lo que da información o dice cosas de ti. Cuando empaquetan ‘tus’ datos y te los llevas, lo que realmente te llevas son esos vínculos entre los datos y tú. No te llevas el dato ‘Madrid’ o tu edad, porque la edad es un número y no es propiedad de nadie y cambia todos los años”.

    El hecho es que para el resto de datos que no son únicos, también hay condiciones. Una capacidad cada vez mayor de registrar cada uno de los pasos de los miles de millones de usuarios y de combinarlos en datos para construir perfiles segmentados crece de modo exponencial, de modo que lo que hoy puede considerarse un dato poco relevante -como el código postal o geolocalización a través del móvil- mañana puede entrar en una categoría más protegida.

    Menos abusos

    “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Esta vieja sentencia conserva todo su valor en una industria digital que ha dado sus primeros pasos basándose en la explotación de datos personales de los usuarios para crecer hasta escalas nunca vistas. Las empresas deben ahora ser transparentes en su recogida de datos, en el uso que hacen de ellos y en el registro de lo que conservan y han utilizado.

    También serán auditables y denunciables por los usuarios. «No hay más abuso que un mal uso», opina Domínguez, cuya empresa basa su negocio en intermediar entre anunciantes y grandes plataformas. “Y esto es recíproco. Las grandes empresas tienen la capacidad de relacionar silos de información aparentemente independientes, para sorpresa a posteriori del usuario. Y de nuevo, la forma de evitar el abuso como usuario es la de ser consciente del papel que cada uno representamos dentro de cualquier ecosistema digital. El sentido común se nos olvida en lo digital: ¿Es tal o cuál servicio gratuito? En caso afirmativo, probablemente estemos cediendo información en forma de localización, fotos, aspecto de una presentación o agenda de contactos”.

    Desde la AEPD dicen que al 80% de los españoles le preocupa su privacidad en internet. “Además, se ha producido una evolución en relación a las reclamaciones”, indica España. “Cada vez son más los usuarios que reclaman a la Agencia por cuestiones como, por ejemplo, la publicación de fotos en internet, que quieren eliminar un vídeo de una determinada red social o incluso la difusión de datos personales sin consentimiento a través de aplicaciones de mensajería instantánea”, añade la directora, que recomienda a los usuarios la lectura de las fichas de privacidad y seguridad en internet de la AEPD.

    Y más multas

    La filosofía del nuevo GDPR es poner cierto control a una industria que se ha vuelto gigantesca no sólo en Silicon Valley sino en la propia Europa, donde los 60.000 millones de euros que genera esta actividad son motivo suficiente para protegerlo como un sector que en el plazo de apenas cinco años podría emplear a tantas personas como la industria del automóvil, con 12 millones de trabajadores. Las multas pueden ser también a escala: un 4% de la facturación global de una empresa. Así, en el peor de los casos, un gigante como Apple podría pagar hasta 8.000 millones de euros.

    22
    May

    El reto de las investigaciones internas para las empresas

    Aunque las investigaciones internas deben formar parte del protocolo de ‘compliance’ también pueden ser el primer paso de la estrategia procesal de la empresa ante la eventual comisión de un delito que implica la responsabilidad penal corporativa. En uno u otro caso las investigaciones internas ayudan a las empresas a anticiparse al descubrimiento de malas prácticas que pueden ser delictivas.

    A través de su propia investigación sobre hechos sospechosos la empresa se anticipa y puede tomar decisiones que implicarán sin duda una mejor resolución del problema. Una de estas decisiones puede ser la de colaborar con la justicia o, incluso, adelantarse siendo la propia empresa la que ponga en conocimiento de las autoridades la existencia de hechos delictivos internos. ¿Se imaginan una forma mejor de controlar las responsabilidades penales y reputacionales de un escándalo penal?

    El catálogo de ventajas que puede obtener la empresa cuando a través de una investigación interna colabora con la administración de justicia puede ser, en primer lugar, que tendrá más facilidad para acreditar la eficacia de su programa de cumplimiento a efectos de exención de la responsabilidad. La circular de la FGE 1/2016 en su conclusión 19, sobre la valoración de la eficacia de los modelos de prevención, destaca la colaboración con la investigación o la aportación de una investigación interna al procedimiento.

    Y en segundo lugar, si no se obtiene la exención, como mínimo la empresa podrá acogerse a las atenuantes de confesión y de colaboración previstas en el 31 bis quater del Código Penal.

    La investigación interna también puede implicar una pauta de conocimiento que permite a la empresa fijar su posición jurídica ante el procedimiento. Y con la información obtenida puede optar por colaborar con la administración de justicia, puede optar por plantear una defensa conjunta de persona física y jurídica, o por desmarcarse de la defensa de la persona física actuando en el proceso por su cuenta. Cualquiera de estas opciones es legítima y forman parte del derecho de defensa de la persona jurídica.

    Existen varias clases de investigaciones internas:

    • Las de tipo proactivas: Son aquellas investigaciones, normalmente menos invasivas, que a modo de auditoría de los programas de compliance se realizan para testear el nivel de cumplimiento.
    • Las reactivas son aquellas investigaciones que se realizan en virtud de sospechas, procedentes normalmente de los canales de denuncias, de que se están produciendo infracciones graves que podrían poner a la empresa en riesgo de delito.
    • Las investigaciones previas al inicio de la investigación judicial. En estos casos, la empresa toma la iniciativa y realiza la investigación sin que haya aún un procedimiento en marcha.
    • Las investigaciones paralelas son aquellas que realiza la empresa en el curso de una investigación judicial. Pueden realizarse en colaboración con la Fiscalía a fin de facilitar la labor de investigación respecto a la identificación de los responsables del delito y obtener así la atenuación de la pena corporativa.

    ¿Qué puede hacer y qué no la empresa?

    La investigación en sí misma supone, como se ha dicho, la confrontación con derechos fundamentales de los empleados investigados. El investigador deberá realizar su trabajo procurando respetar la ley especialmente en aquellos elementos más sensibles.

    La empresa, en la investigación interna, podrá intervenir los medios de información y comunicación del trabajador siempre que sean titularidad de la empresa y se hayan establecido protocolos de usos de tecnología de la empresa en la que se haya dejado claro que el trabajador carece de expectativa de privacidad en su uso. Si el trabajador ha sido advertido de que el uso de ordenadores o smartphone de la empresa no pueden ser utilizados para uso personal, la intervención no vulnerará el derecho a la intimidad. No obstante, es recomendable que la intervención de estos aparatos se realice bajo criterios de proporcionalidad, de menor intervención posible y de racionalidad.

    Otro elemento crucial de la investigación interna son las entrevistas personalizadas a personal sobre el que se sospecha actividad ilícita o que tienen conocimiento de malas prácticas. En estos casos el conflicto adquiere una dificultad especial. Chocan aquí el derecho del entrevistado a no incriminarse en una declaración que puede acabar en los tribunales y la obligación que tiene como empleado de colaborar en la prestación de sus servicios de buena fe.

    Por tanto, en estos casos es recomendable que la empresa establezca una serie de derechos y obligaciones para el entrevistado de las que sea advertido por escrito antes del inicio de la entrevista. El investigado está obligado a colaborar con la investigación desde el punto de vista de sus obligaciones laborales en cuanto debe dar cuenta de lo que hace en la prestación de servicios, pero también sus derechos como posible autor o colaborador de un delito deben ser tenidos en cuenta por la empresa.

    Convendría en estos casos que el empleado fuera informado de que puede consultar con un abogado de su confianza, que incluso puede estar presente en la entrevista y que el contenido de la entrevista puede ser remitido a las autoridades para que pueda ejercer si lo desea su derecho a no colaborar en la entrevista.

     

    18
    May

    El ministro Zoido promete en Mallorca más efectivos policiales para la temporada turística

    El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado este jueves en Palma el Plan Turismo Seguro 2018, acompañado de la delegada del Gobierno en Balears, Maria Salom, y por el director general de la Policía, Germán López Iglesias. Zoido se ha referido al refuerzo policial en Balears para la temporada estival y ha avanzado, sin dar cifras por “motivos de seguridad”, que “será importante”.

    El ministro del Interior se ha referido en su discurso al turismo de borrachera y ha asegurado que hay que “combatir” el turismo conflictivo que se da en algunas zonas de Balears, aunque está “convencido” que con la “coordinación” de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales “se podrá hacer”.

    Zoido ha anunciado en Palma que “se reforzarán las plantillas afectadas y habrá más colaboración con sector turístico con más reuniones entre agentes y sector turístico” y que “los planes operativos están en consonancia con el plan vigente antiterrorista de nivel cuatro”.

    El despliegue se llevará a cabo del 1 julio al 31 de agosto en todas las zonas de mayor afluencia turística, como Andalucía, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Galicia y Cataluña, aunque en Balears se ampliará más de un mes porque durante los tres meses de verano se mantiene una presencia masiva de visitantes extranjeros. El objetivo es “atender mejor la seguridad ciudadana in situ, reforzar las medidas en eventos de grandes masas y acortar los tiempos de espera en las denuncias”.

    Así, Zoido se ha referido a la seguridad en destinos turísticos como ” una de las fortalezas de España como destino” y ha asegurado que Mallorca “se ha sabido adaptar a los planes sobre seguridad y turismo”.

    Siempre es un honor recibir al Ministro del Interior. En esta ocasión ha demostrado su interés personal y el del Gobierno en un asunto tan sensible para la primera industria de nuestra Comunidad Autónoma.

    16
    May

    Detective privado, una profesión legal y regulada

    En la actualidad, ser detective privado es una profesión totalmente legal y regulada. Para poder ejercer en España, es necesario haber realizado los estudios de Detective Privado en la universidad, los cuales tienen una duración de 3 años.

    Además de obtener el título, es imprescindible cumplir con otros requisitos: estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas de Hacienda y en autónomos, así como tener la habilitación del Ministerio del Interior. Para esto último se exige el cumplimiento de todos los requisitos anteriores.

    El detective privado es el único profesional que puede realizar investigaciones de carácter privado, tal como marca y especifica la Ley de Seguridad Privada 5/2014. Excepto este tipo de profesionales, nadie puede investigar legalmente para otra persona. Ni vigilantes, ni escoltas, ni policías.

    Además de la titulación universitaria, existen otros cursos que son imprescindibles para que el estudiante se enfrente a la realidad de ser detective

    10
    May

    Para el 75% de los españoles la ciberseguridad es clave al elegir retailer

    La ciberseguridad es hoy día una baza clave para las empresas del sector retail. Así lo indica el informe ‘Cybersecurity: The New Source of Competitive Advantage for Retailers’ de Capgemini, que pone de manifiesto que los consumidores son cada vez más conscientes de las posibles brechas de seguridad de datos en los retailers y están dispuestos a gastar más con aquellos que demuestren tener unas sólidas capacidades de ciberseguridad.

    De acuerdo con el estudio, el 75% de los consumidores españoles sitúa la ciberseguridad como el tercer factor más importante a la hora de decidir a qué empresa comprar, después de la disponibilidad del producto y la calidad, y por delante de factores como el precio y la reputación de marca. De hecho, el 49% estarían dispuestos a gastar online al menos un 20% más con un retailer que sea de su plena confianza. A nivel mundial, el porcentaje de clientes dispuesto incrementar sus compras es del 40%. En este sentido, el estudio apunta que las empresas del sector capaces de adoptar medidas avanzadas de ciberseguridad podrían incrementar hasta un 5,4% sus ingresos anuales.

    Si tienes dudas en implantar un sistema de ciberseguridad en tu empresa, no dudes en contactar con Detectives Cabanach, te asesoraremos y acompañaremos en el proceso.