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    Medios

    14
    Ago

    Así rastrea Google tu ubicación a través del móvil

    Una investigación llevada a cabo por Princeton University (EEUU) y la agencia de noticias Associated Press ha revelado cómo la compañía rastrea tus movimientos en móviles Android, incluso si has pedido expresamente que no lo haga. Casi todas las aplicaciones de Google (Mapas, Gmail, Calendar…) te piden permiso para usar tu ubicación. Puedes denegarlo a través de la función ‘historial de ubicaciones’. O eso parecía. En realidad, según la investigación, aunque niegues a Google la posibilidad de rastrear tus movimientos, el buscador lo hace igualmente.

    Google vive de la publicidad. Y cuanto más efectiva sea esa publicidad, más dinero hace. Conocer tu ubicación es una información clave para que esa publicidad que te llega sea lo más efectiva posible. Y Google la necesita tan desesperadamente que, aunque le pidas que te rastree, lo va a hacer igual. Esa es la conclusión de la investigación de Princeton University y AP, que han documentado cómo la compañía sabe dónde estás en todo momento, ocultes o no esa información.

    El buscador es muy claro en sus avisos. “Puedes desactivar ‘historial de ubicaciones’ en cualquier momento. Con esa función desactivada, los sitios a los que vas ya no quedan almacenados”. Eso no es verdad, aseguran los investigadores. Por ejemplo, Google almacena datos clave de tu ubicación simplemente si abres su aplicación de Mapas teniendo la función ‘historial de ubicaciones’ desactivada. Las actualizaciones de sus aplicaciones del tiempo hacen lo mismo. Y muchas de las búsquedas que realizas, incluso si no están relacionadas con lugares geográficos, almacenan tus coordenadas y las asocian a tu cuenta.

    “Si vas a permitir a tus usuarios desactivar algo llamado ‘historial de ubicaciones’, entonces todos los sitios que usan tu ubicación no deberían poder hacerlo. Es algo obvio”, explica Jonathan Mayer, ingeniero e investigador de Princenton y ex jefe técnico de Federal Communications Commission (FCC), el regulador de las telecomunicaciones estadounidense.

    25
    Jul

    Detectives privados descubren empresas de destrucción de documentos en iDental

    El Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM) contrató un detective para ver qué estaba ocurriendo en iDental, ante la falta de transparencia de la compañía y la inacción de las Autoridades. Lo que descubrieron motivó su inmediata denuncia ante la policía: camiones de empresas de destrucción de documentos estaban llegando a la clínica de Rivas Vaciamadrid, la mayor de la cadena dental. “Sospechábamos que iban a destruir los historiales clínicos y denunciamos inmediatamente a la policía”, afirma Antonio Montero, presidente del Colegio.

    Ayer mismo fue la policía judicial la que entró en la clínica de Rivas y precintó todos los documentos encontrados, cajas y cajas que pertenecen a los pacientes madrileños pero que se sospecha podrían corresponder también a los de las clínicas de otras provincias que cerraron con anterioridad. “La Comunidad de Madrid nos ha solicitado que les ayudemos a la clasificación de los historiales, una tarea ingente que aún no sabemos cómo vamos a hacer”, añade Montero.

    Son miles de expedientes, “en malísimas condiciones”, según Montero, “llenos de tachones y que en muchos casos parecen cortapegas redactados por abogados a posteriori”. En algunos casos en los historiales a los que ya accedió el colegio “figuraban como autores de los tratamientos colegiados que al ser preguntados aseguraron que para ese momento ya no trabajaban en la compañía”, ha añadido el presidente de los dentistas madrileños.

    El colegio no ha querido entrar en si todos los afectados deberían hacerse las pruebas de enfermedades contagiosas como la hepatitis B o el VIH, de las que recientemente se ha hablado por la falta de higiene. “No tenemos certeza de que se hayan producido contagios pero sí sabemos que había muchas carencias a nivel de desinfección y limpieza”.

    Montero ha recordado que más de 100 dentistas han sido investigados y que más de 30 se encuentran ya con inspecciones pendientes de validación por el Consejo General de Colegios de Odontólogos, “en algún caso con inhabilitación para la profesión de cuatro años”. Los más afectados son los responsables sanitarios de las clínicas, “a quienes en muchos casos puede ser difícil procesar, pues por ejemplo en Rivas eran dos extranjeros”, han dicho fuentes cercanas al colegio.

    19
    Jul

    El Supremo ratifica la absolución para policías y detectives de la operación Pitiusas

    El Tribunal Supremo ha ratificado en su integridad la sentencia dictada en julio del año pasado por la sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvió a policías locales, guardias civiles y detectives de unos presuntos delitos de revelación de secretos y soborno en el marco de la llamada “Operación Pitiusas”.

    El alto tribunal sostiene que “el mero acceso a los datos particulares no integraría delito salvo que se acreditara perjuicio para al titular de dichos datos”. En el caso del que se ocupa el Supremo en esta sentencia, parece acreditado que detectives, policías locales y agentes de la guardia civil obtuvieron e intercambiaron información particular de bases de datos oficiales pero nunca fue divulgada o difundida por lo que “se deduce que no pudo existir delito o atentado contra la intimidad”.

    Macro operación  contra detectives

    La “operación Pitiusas”, una macro operación policial dirigida por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía se centró o en un entramado de compra y venta de datos personales, dirigida por diversos despachos de detectives que tenían en nómina a policías, agentes de la agencia tributaria o de hacienda que cobraban por facilitar determinada información de particulares.

    “La Pitiusas” se dividió en 9 piezas que se han ido juzgando poco a poco. La mayoría, las que se refieren a funcionarios que obtuvieron información “sensible” acabaron siendo condenatorias. Ahora bien, la pieza troncal correspondiente a las posibles irregularidades cometidas por policías y algún detective en esta trama quedó finiquitada por una sentencia de la que la que fue ponente la magistrada  Carmen Domínguez y que acabó en absolución, ahora ratificada por el Supremo.

    22
    Jun

    La venta de falsificaciones provocó la pérdida de unos 67.000 empleos en España en 2017

    La venta de falsificaciones provocó la pérdida de aproximadamente 67.000 empleos en España en 2017 y generó unas pérdidas económicas de unos 8.000 millones de euros en el mismo periodo de tiempo, ha explicado el jefe del Área de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Jucidial de la Guardia Civil de Barcelona, el teniente Lorenzo Gómez.

    En una ponencia en el congreso de detectives privados de Barcelona Detcon2018 celebrada esta semana, ha indicado que los datos son estimaciones pero que “muy poca gente” está concienciada sobre la problemática, y ha destacado que España es el segundo mercado de falsificaciones en la Unión Europea, solo superado por Italia.

    También ha afirmado que las falsificaciones, a pesar de que tienen un “reproche social escaso”, pueden servir para financiar otras actividades criminales.

    La Guardia Civil actúa contra las falsificaciones a través de la inspección de patrullas fiscales en mercados ambulantes, tiendas regentadas por ciudadanos de origen oriental o comercios en zonas turísticas y de juguetes, ha detallado.

    Otras vías también son las inspecciones en contenedores en el Puerto o las investigaciones, que según ha concretado, algunas de las más importantes en las que ha participado han contado con el apoyo de la actuación de detectives privados.

    El sector más afectado es el textil, seguido por los medicamentos, cosméticos, neumáticos y baterías, y el comercio mundial de falsificaciones mueve al año unos 338.000 millones de euros.

    19
    Jun

    Los detectives privados centran su trabajo en la piratería y estafas online

    Los detectives privados centran ahora sus investigaciones en la piratería, las estafas por internet a empresas y las falsificaciones de marcas, según el Congreso de Detectives Privados celebrado recientemente en Barcelona.

    El Congreso, organizado por el Colegio Oficial de Detectives Privados de Cataluña, ha centrado sus ponencias en las nuevas temáticas con las que lidian los investigadores privados, como son la piratería, las estafas por internet en el ámbito empresarial así como las falsificaciones de marcas.

    La intención del Congreso también es “romper con los tópicos” que suelen acompañar a la profesión en la que, aseguran los organizadores, “abundan los profesionales con dobles grados universitarios y especializados en materias como la ciberdelincuencia, las estafas empresariales o la defensa de las marcas”.

    Según los datos del Observatorio de la piratería, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos ilegales a contenidos de piratería en España y, aunque esto supone una caída del 6% respecto al año pasado, “las arcas públicas podrían haber ingresado 575 millones de euros entre IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad social de no ser por la piratería”.

    En el congreso también se abordará la digitalización de la economía y los respectivos sistemas de pago que están “multiplicando los ataques y las estafas” de las que son víctimas tanto pequeñas como grandes empresas.

    Otro de las temáticas tratadas es la falsificación y el contrabando que, según los datos facilitados por la Asociación para la Defensa de la marca, ascienden a 6.175 millones de euros y suponen más de 40.000 puestos de trabajo perdidos.

    Este congreso también ha reivindicado la labor del detective privado en otros ámbitos como el “laboral, familiar o el de la vigilancia”.

    1
    Jun

    El engaño del realquiler a turistas crece

    El tirón del alquiler vacacional y las altas rentabilidades que reporta en las principales ciudades anima a los inquilinos a subarrendar ilegalmente habitaciones o el piso entero.

    La vivienda se ha convertido en el negocio de moda, incluso con casa ajena. La práctica ilegal del subarriendo ha existido desde siempre, pero ahora, gracias al tirón de plataformas de alquiler turístico, se ha vuelto aún más atractiva. Y también más fácil de perpetrar. Algunos inquilinos de larga estancia están alquilando las habitaciones o el piso entero por noches a turistas para lograr un dinero extra, que llega sin apenas esfuerzo y sin el consentimiento del propietario. “Nos estamos encontrando con muchos casos en que se arrienda un piso y, sin embargo, el arrendatario, sin consentimiento del propietario, alquila todas las habitaciones. Es un forma ilegal de obtener ingresos”.

    Basta con anunciar la habitación o la vivienda y empezar a facturar. Lo demás llega solo porque el impacto del alquiler vacacional en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Ibiza, Valencia y Palma de Mallorca ha sido brutal. Solo en Madrid la oferta de pisos para turistas ha crecido un 60% en apenas seis meses. El negocio de Airbnb genera en esta ciudad un volumen de 84,7 millones de euros anuales y 144 millones en Barcelona.

    El fraude de estos inquilinosque hacen negocio con una vivienda que no es suya les reporta unas altas rentabilidades. “El alquiler medio de una vivienda completa de menos de 70 metros cuadrados en el distrito Centro de Madrid es de 971 euros al mes. Alguien que subalquile en Airbnb tendría 1.513 euros al mes de ingresos, lo que da una rentabilidad de 55,82%, cuando la rentabilidad media por el alquiler de esta vivienda es de 5,22%”, calcula Olmos. Si se subarriendan habitaciones, la rentabilidad fluctúa en función del coste por noche: las hay por 30 euros y por más de 100. “Con un modelo de ocupación conservador (a 46,50 euros la noche), la estimación de ingresos en el centro es de 283 euros al mes (225 euros de media en la ciudad de Madrid)”, explica Olmos. Aunque podría alcanzar los 600 o 700 euros mensuales solo por una habitación. Desde Airbnb indican que la plataforma “pide a todos los anfitriones que certifiquen que tienen permiso para anunciar su espacio”. En otra plataforma, la de HomeAway, solicita al denunciante y a la persona que ha publicado el anuncio, que aporten la documentación necesaria para identificar a quién pertenece la propiedad. Si se comprueba que ha sido indebidamente publicada, se procede a la retirada inmediata del anuncio.

    Pero estos inquilinos actúan a espaldas del propietario, para el que no es fácil percatarse del fraude, a no ser que esté atento a ciertos detalles. “Los indicios para sospechar son la entrada y salida de personas distintas y las denuncias de los vecinos. Eso te llevará a querer comprobar qué está pasando con tu inmueble”, dice el abogado Pelayo de Salvador, socio fundador de deSalvador Real Estate Lawyers. El portero siempre es ir sobre seguro, así como la ropa tendida y los testigos del barrio. Además, se puede buscar el anuncio en Internet, contratar un detective o que el mismo propietario sea quien alquile una habitación en su propia casa como si se tratara de un turista más. “Es algo así como un mystery shopper o cliente misterioso que se usa en los comercios para evaluar la atención al cliente”, comenta Andrés Vilacoba, de Vilacoba & Parra Abogados y de la Asociación de Propietarios de Vivienda (Adeprovi). “Siempre existe un problema de pruebas, por lo que es aconsejable que el arrendador recopile cuantas pueda para presentarlas en un procedimiento judicial (actas notariales de los anuncios, consultas de disponibilidad…)”, añade De Salvador.

    El fin último es poder demostrar ante un juez que la vivienda se está subarrendando y que además está siendo explotada para uso turístico, dos prácticas ilegales.

    30
    May

    Tertulia Factor M (Canal 4 Radio)

    La semana pasada participamos en la tertulia semanal del programa de Canal 4 Radio Factor M, compartiendo micrófono con el fiscal Jose Diaz Cappa, delegado de Criminalidad Informática, delegado de la Sección de Menores y delegado para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación en la Fiscalía Superior de Baleares.

    Hablamos sobre menores y todo lo que preocupa en el ámbito de los mismos. Gracias por invitarnos!

    Podéis escuchar la entrevista completa a partir del minuto 15:30.

     

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    25
    May

    Qué es la GDPR: guía para entender la nueva ley de protección de datos

    Los datos, el registro de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué pensamos… se han convertido en el fundamento de internet. Si no podemos concebir un día sin Google, Facebook o Whatsapp, tampoco podemos prescindir de los datos que generamos como usuarios y que aprovechamos también com usuarios. Todo gira alrededor de esta industria invisible y multimillonaria que nos hace creer que los servicios virtuales son gratis y de la que ya no nos podemos desenganchar.

    El problema de esta adicción es que el volumen de datos que se registra crece de modo exponencial, igual que crece la dimensión de los robos y los abusos, que han escalado hasta alterar procesos democráticos. Eso sí, frente a la desregulación estadounidense, Europa ha dado el paso de crear el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), el marco regulatorio más estricto hasta el momento.

    Nuevos derechos

    Ya que pasamos nuestra vida conectados al teléfono móvil o al ordenador, ¿en qué nos cambia la vida la entrada en vigor de esta norma? Básicamente, en que los usuarios de cualquier tipo de servicio en la red que registre sus datos -es decir, prácticamente todos- tienen nuevos derechos en lo que se refiere al registro y el uso de la información que le concierne. Es más control a su favor, aunque como sucede con todos los derechos, tienen más valor cuando se conocen.

    ¿Qué derechos?

    El derecho de portabilidad de nuestros datos, por ejemplo, que incluye reclamarlos y depositarlos en otras compañías. Le sigue el de la limitación al tratamiento que se hace de ellos en función de nuestros intereses, junto con los ya tradicionales derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. “La norma también dedica un apartado específico al derecho a oponerse a las decisiones individuales automatizadas, incluyendo la elaboración de perfiles”, explica la Agencia Española de Protección de Datos.

    “Supone un paso adicional en la protección de los ciudadanos”, explica Mar España, directora de la Agencia. “Es un cambio de modelo en la gestión de los datos personales, puesto que se pasa de un modelo reactivo a otro de carácter preventivo, a través de algunas herramientas como puede ser la privacidad por defecto, la privacidad desde el diseño o las evaluaciones de impacto en la protección de datos”.

    Desde Adglow, una de las mayores empresas españolas de publicidad en redes sociales, el punto de vista es coincidente, aunque con matices. “Los usuarios quieren usar los servicios que las plataformas digitales de contenidos, e-commerce o sociales les ofrecen y están dispuestos a pasar por alto muchas cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad”, señala su consejero delegado, Juan Domínguez. “Todo esto no quita para que la ley efectivamente proteja más a los usuarios y obligue a las empresas que usan o intermedian datos a ser más cuidadosos y advertir previa y repetidamente al usuario, que de todas maneras hará lo que le parezca mejor”.

    Consentimiento

    En opinión de este ejecutivo, el espíritu de la ley contrasta con la impulsividad de los usuarios al acceder a los servicios aceptando contratos que no se leen. “Los centros de gestión de privacidad de cualquier red social están disponibles y funcionan”, dice. “Lo que ocurre es que visitarlos conscientemente y dedicar tiempo para afinar qué y cómo compartimos nuestra actividad, sean fotos, posteos, o la huella del GPS del móvil, resulta tedioso”.

    Así es. Nadie se lee los términos o los permisos que otorgamos cada vez que descargamos una app o nos dejamos seguir por una cookie. Ahora, entre los efectos más notables de la nueva ley está el de pedir permiso al usuario para la utilización de sus datos. Ése el motivo por el que en las últimas semanas los buzones electrónicos han recibido millones de mails que proponen renovar la relación con los destinatarios. A partir de ahora, se insistirá en el primer paso: preguntar.

    Y no vale cualquier formato de pregunta. “Desaparece el denominado consentimiento tácito, de forma que aquellas entidades que basaban el tratamiento de datos personales en ese consentimiento tácito, no pueden seguir haciéndolo”, advierte Mar España. El consentimiento según el reglamento debe ser “inequívoco”, lo que exige registrar una manifestación del interesado o mediante una clara acción afirmativa. Ya no vale, por ejemplo, considerar como consentimiento la inacción o el uso de casillas ya marcadas. Y, por cierto: igual de fácil que obtener este consentimiento debe ser cancelarlo.

    Iguales ante la ley

    No todos los datos son iguales ante la ley. La nueva norma establece dos niveles básicos de datos. Hay datos que nos identifican específicamente como individuos, de manera que tienen protección extra, como pueden ser el DNI, la dirección de correo electrónico, el número de cuenta o cualquier dato asociado a una identidad. La información médica, la orientación sexual o creencias religiosas también entran en este capítulo. Ésta es la razón por la que, más allá de los términos y condiciones de aceptación obligatoria, Facebook pide explícitamente a sus usuarios consentimiento para registrar sus opiniones religiosas o, en su proyecto de servicio de citas, su orientación sexual.

    Hay categorías de datos menos relevantes. “El dato ‘Madrid’ como lugar de nacimiento o de residencia no es de nadie”, explica el abogado especializado Borja Adsuara. “Lo que es ‘tuyo’ es tu intimidad. Lo que hay que proteger es la ‘asociación’ entre un sujeto y un dato, porque ese vínculo es lo que da información o dice cosas de ti. Cuando empaquetan ‘tus’ datos y te los llevas, lo que realmente te llevas son esos vínculos entre los datos y tú. No te llevas el dato ‘Madrid’ o tu edad, porque la edad es un número y no es propiedad de nadie y cambia todos los años”.

    El hecho es que para el resto de datos que no son únicos, también hay condiciones. Una capacidad cada vez mayor de registrar cada uno de los pasos de los miles de millones de usuarios y de combinarlos en datos para construir perfiles segmentados crece de modo exponencial, de modo que lo que hoy puede considerarse un dato poco relevante -como el código postal o geolocalización a través del móvil- mañana puede entrar en una categoría más protegida.

    Menos abusos

    “Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”. Esta vieja sentencia conserva todo su valor en una industria digital que ha dado sus primeros pasos basándose en la explotación de datos personales de los usuarios para crecer hasta escalas nunca vistas. Las empresas deben ahora ser transparentes en su recogida de datos, en el uso que hacen de ellos y en el registro de lo que conservan y han utilizado.

    También serán auditables y denunciables por los usuarios. «No hay más abuso que un mal uso», opina Domínguez, cuya empresa basa su negocio en intermediar entre anunciantes y grandes plataformas. “Y esto es recíproco. Las grandes empresas tienen la capacidad de relacionar silos de información aparentemente independientes, para sorpresa a posteriori del usuario. Y de nuevo, la forma de evitar el abuso como usuario es la de ser consciente del papel que cada uno representamos dentro de cualquier ecosistema digital. El sentido común se nos olvida en lo digital: ¿Es tal o cuál servicio gratuito? En caso afirmativo, probablemente estemos cediendo información en forma de localización, fotos, aspecto de una presentación o agenda de contactos”.

    Desde la AEPD dicen que al 80% de los españoles le preocupa su privacidad en internet. “Además, se ha producido una evolución en relación a las reclamaciones”, indica España. “Cada vez son más los usuarios que reclaman a la Agencia por cuestiones como, por ejemplo, la publicación de fotos en internet, que quieren eliminar un vídeo de una determinada red social o incluso la difusión de datos personales sin consentimiento a través de aplicaciones de mensajería instantánea”, añade la directora, que recomienda a los usuarios la lectura de las fichas de privacidad y seguridad en internet de la AEPD.

    Y más multas

    La filosofía del nuevo GDPR es poner cierto control a una industria que se ha vuelto gigantesca no sólo en Silicon Valley sino en la propia Europa, donde los 60.000 millones de euros que genera esta actividad son motivo suficiente para protegerlo como un sector que en el plazo de apenas cinco años podría emplear a tantas personas como la industria del automóvil, con 12 millones de trabajadores. Las multas pueden ser también a escala: un 4% de la facturación global de una empresa. Así, en el peor de los casos, un gigante como Apple podría pagar hasta 8.000 millones de euros.

    18
    May

    El ministro Zoido promete en Mallorca más efectivos policiales para la temporada turística

    El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado este jueves en Palma el Plan Turismo Seguro 2018, acompañado de la delegada del Gobierno en Balears, Maria Salom, y por el director general de la Policía, Germán López Iglesias. Zoido se ha referido al refuerzo policial en Balears para la temporada estival y ha avanzado, sin dar cifras por “motivos de seguridad”, que “será importante”.

    El ministro del Interior se ha referido en su discurso al turismo de borrachera y ha asegurado que hay que “combatir” el turismo conflictivo que se da en algunas zonas de Balears, aunque está “convencido” que con la “coordinación” de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales “se podrá hacer”.

    Zoido ha anunciado en Palma que “se reforzarán las plantillas afectadas y habrá más colaboración con sector turístico con más reuniones entre agentes y sector turístico” y que “los planes operativos están en consonancia con el plan vigente antiterrorista de nivel cuatro”.

    El despliegue se llevará a cabo del 1 julio al 31 de agosto en todas las zonas de mayor afluencia turística, como Andalucía, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Galicia y Cataluña, aunque en Balears se ampliará más de un mes porque durante los tres meses de verano se mantiene una presencia masiva de visitantes extranjeros. El objetivo es “atender mejor la seguridad ciudadana in situ, reforzar las medidas en eventos de grandes masas y acortar los tiempos de espera en las denuncias”.

    Así, Zoido se ha referido a la seguridad en destinos turísticos como ” una de las fortalezas de España como destino” y ha asegurado que Mallorca “se ha sabido adaptar a los planes sobre seguridad y turismo”.

    Siempre es un honor recibir al Ministro del Interior. En esta ocasión ha demostrado su interés personal y el del Gobierno en un asunto tan sensible para la primera industria de nuestra Comunidad Autónoma.

    2
    May

    Ignacio González contrató a los detectives que vigilaban el Eroski: “Hay vídeos por salir”

    El expresidente de la Comunidad de Madrid era cliente habitual de la misma agencia de seguridad que tenía contratada Eroski en su centro de Vallecas para combatir robos como el de Cifuentes.

    El puzle es complejo, uno con muchas piezas, de los de tres dimensiones. Pero algunos de sus elementos comienzan a encajar. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, enemigo declarado de Cristina Cifuentes, fue cliente habitual hasta ser detenido en la operación Lezo de la misma agencia de detectives que se encargaba de la vigilancia del Eroski en el que la dirigente robó dos botes de crema en 2011. Grupo Novo realizaba labores de seguridad encubierta en el hipermercado para combatir los hurtos de clientes y empleados.

    La conexión arroja luz sobre el vídeo que desencadenó la dimisión de Cifuentes. Según ha podido averiguar El Confidencial, González recurrió al Grupo Novo en marzo de 2017 para hacer un barrido de micrófonos en su despacho. La antigua mano derecha de Esperanza Aguirre sospechaba que podía estar siendo investigado. Y no se equivocó. Solo un mes después fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el desfalco del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid. Los micrófonos que los investigadores habían colocado en su despacho fueron claves para conocer sus movimientos. Fuentes cercanas a González confirman que el dirigente encargó un barrido a Novo por el temor a estar siendo espiado y que el servicio le costó unos 2.000 euros. Otras fuentes elevan la cifra hasta los 6.000. En cualquier caso, la medida no tuvo ninguna repercusión en la causa.

    Si se hace una simple asociación de ideas se puede pensar que la agemcia de detectikves utilizó el material que había conseguido en el supermercado para facilitárselo a un cliente. Esto, que es un simple supuesto, puede acarrear problemas a los implicados en la filtración de las imágenes. Recordemos que la LOPD establece que el material obtenido en grabaciones de establecimientos solo se pueden guardar durante un determinado periodo de tiempo, y que después deben ser eliminados. Evidentemente en este caso no fue así.