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    Detectives privados descubren empresas de destrucción de documentos en iDental

    El Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM) contrató un detective para ver qué estaba ocurriendo en iDental, ante la falta de transparencia de la compañía y la inacción de las Autoridades. Lo que descubrieron motivó su inmediata denuncia ante la policía: camiones de empresas de destrucción de documentos estaban llegando a la clínica de Rivas Vaciamadrid, la mayor de la cadena dental. “Sospechábamos que iban a destruir los historiales clínicos y denunciamos inmediatamente a la policía”, afirma Antonio Montero, presidente del Colegio.

    Ayer mismo fue la policía judicial la que entró en la clínica de Rivas y precintó todos los documentos encontrados, cajas y cajas que pertenecen a los pacientes madrileños pero que se sospecha podrían corresponder también a los de las clínicas de otras provincias que cerraron con anterioridad. “La Comunidad de Madrid nos ha solicitado que les ayudemos a la clasificación de los historiales, una tarea ingente que aún no sabemos cómo vamos a hacer”, añade Montero.

    Son miles de expedientes, “en malísimas condiciones”, según Montero, “llenos de tachones y que en muchos casos parecen cortapegas redactados por abogados a posteriori”. En algunos casos en los historiales a los que ya accedió el colegio “figuraban como autores de los tratamientos colegiados que al ser preguntados aseguraron que para ese momento ya no trabajaban en la compañía”, ha añadido el presidente de los dentistas madrileños.

    El colegio no ha querido entrar en si todos los afectados deberían hacerse las pruebas de enfermedades contagiosas como la hepatitis B o el VIH, de las que recientemente se ha hablado por la falta de higiene. “No tenemos certeza de que se hayan producido contagios pero sí sabemos que había muchas carencias a nivel de desinfección y limpieza”.

    Montero ha recordado que más de 100 dentistas han sido investigados y que más de 30 se encuentran ya con inspecciones pendientes de validación por el Consejo General de Colegios de Odontólogos, “en algún caso con inhabilitación para la profesión de cuatro años”. Los más afectados son los responsables sanitarios de las clínicas, “a quienes en muchos casos puede ser difícil procesar, pues por ejemplo en Rivas eran dos extranjeros”, han dicho fuentes cercanas al colegio.

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