Desde el 4 de junio de 2014, Policía Nacional y Guardia Civil tendrán una colaboración más estrecha con los vigilantes de seguridad.
La nueva ley permite a la Administración Pública contratar a empresas privadas que dispongan de personal de seguridad. Dicha ley, no permite a los vigilantes exigir documentación al ciudadano como lo pueden hacer las fuerzas del Estado. Únicamente podrán anotar los datos personales de los retenidos pero nunca hacer averiguaciones ni comprobaciones.
Los aspirantes a vigilantes de seguridad se han incrementado en más de un 20% si lo comparamos con el 2008 según apunta Edición Granada.
A los detectives privados no les favorece tanto dicha ley. Según indica APDPE la nueva ley supondrá una falta de confidencialidad ya que no protege los derechos del cliente y del investigado teniendo que comunicar a Policía Nacional cada uno de los encargos que reciban.
