Trabajan con guantes de látex, bata blanca y mascarilla; lo hacen en entornos ignífugos y ‘cámaras limpias’. Son forenses, pero no practican la medicina. Sus ‘pacientes’ son teléfonos móviles, tabletas y discos duros, y, en general, cualquier dispositivo electrónico.
Todo tipo de archivos y datos se encuentran almacenados en estos dispositivos que, además, suelen estar conectados a Internet o a algún satélite y permiten a los usuarios multitud de beneficios: GPS, cámaras de fotos y vídeo, mensajería instantánea… un sin fin de posibilidades en elementos que habitualmente caben en un bolsillo. Pero todas esas prestaciones no son de utilidad solamente para quienes los poseen sino que la Policía ha encontrado en estos avances uno de sus grandes aliados. Recientemente, el caso de la desaparición de Diana Quer en el que el análisis de su teléfono móvil, hallado en una ría y cubierto de fango, fue clave para dar con su asesino, es un claro ejemplo.
En esa ocasión los investigadores lo enviaron a una compañía Israelí, pero ya en España existen varias empresas que se dedican al análisis forense de datos. Su formación les permite llevar a cabo análisis forenses digitales, es decir, extraer información de dispositivos físicos como discos duros, memorias USB, teléfonos móviles, etc. sin alterarlos y pudiendo, además, generar pruebas informáticas a partir de evidencias, así como investigarlas y extraer conclusiones que, tras ser incluidas en un informe, les permitirán defenderlas ante cualquier Tribunal y ayudar a que los jueces dispongan de toda la información necesaria para dictar su sentencia.
Cualquiera que tenga acceso a un dispositivo electrónico en buen estado puede acceder con facilidad a los archivos almacenado en el sistema, inspeccionar los documentos, imágenes, vídeos y todo lo que en él se encuentre. No obstante, si no se dispone de los conocimientos suficientes habrá una gran cantidad de información que pasará desapercibida y que en una investigación policial puede ser determinante.
