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    Los detectives privados españoles se ofrecen a Sanidad para el rastreo de los casos de COVID 19

    En los últimos días se han multiplicado las noticias sobre la implantación en España de los llamados «rastreadores» para luchar contra el COVID 19. Es una figura que introdujo con éxito el gobierno de Corea del Sur y que se ha exportado al resto del mundo. Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido son algunos de los países europeos que ya los utilizan.

    Como han manifestado nuestras autoridades, se establecen tres líneas de actuación complementarias con el fin de erradicar los contagios: testar, rastrear y aislar. Los rastreadores analizan los movimientos y contactos de los pacientes que han dado positivo en un test e investigan en su entorno para conseguir identificar a posibles contagios y aislarlos.

    En España, Andalucía cuenta ya con un equipo de más de cincuenta rastreadores, Asturias ha anunciado la contratación de treinta más y algunas fuentes, recogidas por la cadena de televisión La Sexta, aseguran que «miles de personas investigan en España los contactos de las personas contagiadas».

    Ante estas noticias, los colegios y asociaciones de detectives se han puesto a disposición del gobierno para realizar una labor que requiere de personal cualificado y legalmente habilitado para ello.

    La urgencia, incluso en estado de alarma, no puede justificar, según Mercè Ferran, la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, «eludir las garantías que protegen los derechos de los ciudadanos y los requerimientos que señala la Ley de Seguridad Privada para un trabajo de estas características. Somos los únicos que podemos realizarlos con todas las garantías técnicas y legales».

    Miles de rastreadores formados y habilitados

    Los colegios y asociaciones de detectives privados, en su escrito al ministerio de Sanidad, le recuerdan que la función de rastreo, en cuanto a «realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados» es una competencia exclusiva y excluyente de los detectives privados, según la ya mencionada Ley de Seguridad Privada.

    El seguimiento de casos realizado por personal sanitario o por técnicos especializados en búsquedas digitales, además de la posible carencia de legitimidad, en caso de que puedan intervenir los tribunales, suma problemas de eficacia y de legalidad si esa investigación debe completarse en el exterior.

    Existen numerosas circunstancias personales y socio-económicas —barrios de renta baja con poca implantación de nuevas tecnologías, familias sin recursos, etc.— que limitan el alcance de una investigación exclusivamente digital. Y en caso de tener que actuar en el exterior, solo los detectives privados pueden realizar una investigación de estas características.

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