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Juan Carlos Cabanach ofrece las claves de la búsqueda y captura del mayor estafador inmobiliario de las Islas, Carlos García Roldán, alias ‘Charly’, en su sección de investigación en ‘Es la mañana de Baleares’

El convenio permitirá que el trabajo de los detectives privados se convierta en una herramienta más para localizar a los desaparecidos, “poner punto final al dolor de las familias y saber la verdad”, según explicó Jaime Amills, presidente de la asociación de familiares afectados.

Los detectives privados son los profesionales necesarios e idóneos para facilitar la resolución de las desapariciones de personas, sobre todo en aquellas en los que no se ha producido una actividad criminal (el 99% de los casos), por lo que no están sujetos por la actuación de oficio de la autoridad policial. España es pionera en Europa en poner los cimientos de este inicio de colaboración entre investigadores privados, familias y cuerpos policiales, y podría llegar a ser un referente internacional en materia de resolución de este tipo de casos.

Estas son dos de las conclusiones a las que se llegó en la I Jornada divulgativa organizada por la APDPE y la asociación Sosdesaparecidos, celebrada en el nuevo Centro Nacional de Desaparecidos de España. Los numerosos profesionales del sector de la investigación privada, que llenaban la sala, pudieron conocer de primera mano las posibilidades que su trabajo puede ofrecer a las familias que pasan por esta dolorosa situación; desde conseguir una pronta resolución del caso, hasta llegar con su investigación allí donde no pudieron hacerlo los miembros de los diferentes cuerpos policiales.

La Policia Nacional, por medio de su Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ha comenzado  charlas dirigidas a las aseguradoras, y más concretamente con los responsables de los departamentos de siniestros de estas asegurados y a peritos tasadores.

En dichas charlas, representantes del cuerpo nacional de policía se informa sobre la figura del detective privado como el único profesional con competencias para realizar investigaciones privadas, según Red Azul informa: “El contenido de las charlas versa sobre las competencias, obligaciones y condicionantes que tienen los detectives privados en el ejercicio de su profesión, la cual deben llevar a cabo integrados en un despacho de detectives privados“.

De la misma manera se asesora acerca de la Ley de Seguridad Privada, la cual establece en su artículo 5 que la investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte se prestará con carácter exclusivo y excluyente por despachos de detectives privados.

En Detectives Cabanach colaboramos activamente con las Compañías Aseguradoras para facilitarles, a través de investigadores privados experimentados, la información requerida para solucionar su constante problemática relacionada con los fraudes de sus asegurados, o bien de la parte contraria en un siniestro.

La Audiencia Nacional se vio obligada a recurrir el pasado diciembre al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para tratar de acceder a los 32 terabytes de información que le fueron incautados al comisario Villarejo en los registros de la llamada operación Tándem, en noviembre de 2017. La Policía Nacional lo intentó sin éxito durante más de un año. Solo pudo abrir una pequeña parte de los archivos que el agente almacenó durante años en 14 discos duros y 47 ‘pendrives’. El CNI no lo va a tener más fácil, aunque dispone de tecnología puntera y personal especializado. Según han detallado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas, Villarejo cifró sus informes y grabaciones con un sistema casi infranqueable.

El comisario no invirtió ni un euro en hacerlo ni tampoco contrató a expertos. Protegió su material con un ‘software’ de código abierto que cualquier persona podía descargarse gratuitamente de internet. Se trata de TrueCrypt, una aplicación archiconocida de fácil uso que fue lanzada en 2004 y experimentó continuas mejoras en los años siguientes gracias a la colaboración altruista de expertos en criptología de todo el mundo. No paró de evolucionar hasta 2014, cuando fue sustituida por otra versión más robusta, VeraCrypt.

Con todo, TrueCrypt aún es considerado uno de los sistemas de protección más seguros que hayan existido nunca. Ofrecía la posibilidad de elegir entre varios algoritmos de cifrado e incluso entre combinaciones de varios de ellos. Uno de esos algoritmos, AES, es tan perfecto que fue adoptado como estándar de cifrado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos para los documentos clasificados como de alto secreto. TrueCrypt permitía utilizar ese método de ocultación y reforzarlo adicionalmente con otros sistemas similares, como Serpent y Twofish.

El ‘software’ que utilizó Villarejo se limitaba en realidad a aplicar esos algoritmos a los archivos seleccionados (un solo documento, parte de un disco duro o toda la información almacenada en un equipo). La información quedaba alojada a partir de ese momento en un discurso duro virtual al que era imposible acceder sin conocer la contraseña de entrada. TrueCrypt ofrecía al usuario distintas modalidades de clave. Por un lado, era posible aplicar un simple código de 64 caracteres (letras, números, espacios, signos de puntuación…). Pero el ‘software’ también contemplaba la opción de emplear archivos completos como llave, desde documentos enteros de texto a tablas de cálculo pasando por audios, vídeos y fotografías de álbum familiar. Al introducir los caracteres o los archivos correctos, el disco virtual quedaba desbloqueado y se podía consultar la información.

La Policía Nacional se llevó los discos duros pero no las contraseñas. Según fuentes próximas a la investigación, Villarejo cambiaba cada dos o tres semanas la clave que daba entrada a sus 32 terabytes de información para evitar que alguien llegara a disponer del tiempo necesario como para descubrirla. La contraseña la obtenía del texto de dos páginas seleccionadas al azar del libro o la revista que estuviera leyendo justo en ese momento. Copiaba los párrafos y los convertía en una enorme clave con la que luego TrueCrypt generaba su algoritmo de cifrado. A las tres semanas como mucho, el comisario repetía de nuevo el proceso.

El presunto cabecilla de la operación Tándem no pagó a ningún ‘hacker’ para poner en marcha este sistema de protección, aseguran fuentes próximas a las pesquisas. El encargado de cifrar sus documentos era una persona de su máxima confianza que apenas tenía conocimientos de informática. Solo los imprescindibles para poder utilizar este sencillo programa.

Juan Carlos Cabanach aborda la conversación grabada por un policía local al ex alcalde de Palma y candidato por el PSIB-PSOE en las próximas elecciones municipales en el espacio de investigación de ‘Es la mañana de Baleares’, con Gabriel Torrens, en esRadio97.1.

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“Si quieres sentirte como un agente del KBG”, comenta el guía, “ponte esta chaqueta de cuero”. Es negra, muy pesada, y llega casi hasta el suelo. Antes, durante casi una hora, el experto explica al visitante todas las técnicas que usaba la policía secreta de la Unión Soviética para obtener la información y las múltiples variantes que la agencia, actualmente conocida como la FSB, tuvo a lo largo de su historia.

Agne Urbaityte, la encargada de la selección de piezas, asegura que se trata de la mayor colección de artefactos de espionaje que se expone en el mundo. El espacio, llamado KGB Spy Museum, se abrió en el barrio neoyorquino de Chelsea a comienzos de mes, en un bajo que ocupaba una galería de arte moderno. Al entrar, el visitante se encuentra sobre una caja fuerte llena de rublos con un busto de Felix Dzerzhinsky, considerado como el padre de la agencia de inteligencia.

Hay otra más pequeña en mármol blanco del capo Levrentie Beria en un expositor con la réplica del paraguas con el que asesinaron en Londres al disidente búlgaro Geori Markov. “Murió a los tres días porque la bala estaba envenenada”, explica el guía. Hay también un pintalabios de metal plateado que tenía una función parecida. Y muchas cámaras como las de las películas antiguas de James Bond.

Una de las cámaras es tan pequeña que se ocultaba en la hebilla de un cinturón. Y no podían faltar los botones falsos en las chaquetas para cubrir las lentes. Aunque entre los objetos más curiosos destaca un termómetro que los ejecutores del KGB clavaban en el estómago de sus víctimas para comprobar que estaba realmente muerta. “Si no bajaba la temperatura”, afirma el guía, “le disparaban una segunda vez”.

Hay también varias puertas originales de las celdas que el servicio de espionaje tenía en el cuartel general en Kaunas, Lituania. Y una réplica del escudo de madera que se ofreció al embajador estadounidense en Moscú, Averell Harriman, que ocultaba un sistema de escucha. “Era tan simple”, explica el guía, “que no necesitaba batería”. A la inteligencia de EE UU le llevó un año entender la tecnología.

Donde hay dinero ahí está Villarejo”. Esa es la frase que probablemente mejor defina al excomisario de policía más controvertido de las últimas décadas y cada vez más repetida por aquellos que alguna vez fueron sus compañeros. Su historia es la de un hombre que sólo ha vivido para enriquecerse y para ello utilizó una institución pública. Desde 1973, año en que accedió a la Policía, hasta noviembre de 2017, cuando fue detenido y enviado a prisión, la vida de José Manuel Pepe Villarejo ha estado plagada de sombras, engaños, estafas y mentiras.

Un personaje como él, que ya en los años 70 apuntaba maneras con tachones en su expediente, debería haber durado poco en el cuerpo. Primero estuvo a tiempo de coger una excedencia y abandonar la Policía a mediados de los años 80. Después, se ganó la confianza de las personas oportunas que le permitirían durante años hacer sus negocios a costa de la Policía.

Agustín Linares fue, según diversas fuentes, el introductor del excomisario

Distintos ministros del Interior, José Luis Corcuera, Alfredo Pérez Rubalcaba o Jorge Fernández Díaz, le han dejado hacer durantes décadas creando un monstruo insaciable de poder.

Varias fuentes próximas a Villarejo sitúan a Agustín Linares, subdirector general adjunto operativo (cargo que representaba entonces al máximo responsable de la Policía) entre los años 1986 a 1994 como la persona que le introdujo como el hombre idóneo para hacer esos trabajos que nadie quería hacer para el Ministerio del Interior.

Pese a su dudoso expediente, en 1993 despegó su carrera en la cúpula policial

En esa época era ministro José Luis Corcuera (1988-1993). Villarejo estaba en excedencia pero fue autorizado para realizar trabajos a través de una agencia de detectives y cobrar a través de fondos reservados, según estas mismas fuentes.

Durante su época fuera de la Policía Nacional, su currículum ya tenía varios puntos oscuros. Fue investigado por asociación ilícita, omisión del deber de impedir delitos, simulación de delito, denuncia falsa, detención ilegal e intrusismo en varios trabajos realizados para la iglesia de la cienciología, tal y como publicó La Vanguardia.

De hecho, se llegó a sentar en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial de Madrid pero logró salvarse. La Fiscalía retiró la acusación.

Apareció implicado en otras estafas. Sin embargo, no sólo le permitieron reincorporarse en la Policía en 1993 sino que su carrera fue adquiriendo solidez y poder. Según quienes le conocen, lo que Villarejo ofrecía era hacer para el gobierno el trabajo sucio.

Se apropió del trabajo de investigación contra Garzón, del que ahora es amigo

Sin embargo, lo que nadie debió calibrar es que no era un tipo de fiar. Su modus operandi ya desde aquellos años era sacar dinero de todas partes. Según una persona que le ha seguido de cerca durante décadas, él ofrecía información a los diversos gobiernos y, a su vez, se compinchaba para conseguir otro tipo de beneficios de la otra parte. Es decir, del investigado o espiado. “Siempre ha jugado a dos o incluso tres bandas”, recuerdan estas fuentes.

En la época de Corcuera como ministro se hace un hueco. Le permiten un triple juego: trabajar para Interior, para la cloacas del Estado e inflar al mismo tiempo sus empresas privadas. Algunos que le conocen aseguran que en esa época llegó a ofrecer sus servicios a otras agencias de inteligencia extranjeras y nacionales.

“Es un hombre sin escrúpulos”, sostienen quienes le han padecido. Se ofrecía para buscar etarras en el extranjero o incluso se le vincula con una operación contra un traficante de armas.

“Yo soy un patriota”, solía decir. Ahora bien, diversas fuentes policiales y judiciales advierten: Villarejo nunca ha sido un gran policía; no era una persona de fiar y probablemente gran parte de las informaciones aportadas a diversos ministerios del Interior llegaban “averiadas”. Pero de lo que no se puede dudar, según estas fuentes, es que él siempre “sacaba tajada”.

Con la operación Catalunya, el agente quedó definitivamente fuera de control

Entre la época de Corcuera y su sucesor, Antonio Asunción, el propio Villarejo sitúa la fecha en la que desde el gobierno se le encargaron llevar 80 millones de pesetas al exespía Francisco Paesa, vinculado al caso Roldán. Así lo aseguraba el propio excomisario en unos audios difundidos por el diario Público.

Tras Asunción, que dimitió por la fuga de Roldán, llegó Juan Alberto Belloch (1994-1996). Ahí saltó el informe Veritas con los puntos más oscuros de Baltasar Garzón, en una maniobra para acabar con el juez que estaba investigando el caso Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Aunque Villarejo se apropia de la autoría de ese trabajo, diversas personas próximas a él sospechan que no fue un encargo que se le hizo a él sino a otros mandos policiales. Cuando se enteró, quiso aprovecharse. De hecho, Garzón y él entablaron buena relación. El exjuez –condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo– ha defendido públicamente al excomisario y es el abogado de varios de los investigados del caso Tándem por el que éste se encuentra preso acusado de liderar una organización criminal.

Durante la época de José María Aznar también realizó trabajos inconfesables, sobre todo en el 2004. Cuando regresan los socialistas y se hace cargo de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba (2006-2011), Villarejo tiene su gran recompensa. En 2010 consigue que le asciendan a comisario a pesar de que no tenía la capacitación para ello, e incluso le conceden una medalla al mérito policial. Operación Malaya, operación Astapa u operación Gürtel son algunos casos de corrupción política contra adversarios del PSOE en las que presuntamente intervino Villarejo. Y en todos estos casos volvió a pasar lo mismo: el doble juego del excomisario, que actuó a dos bandas.

Cuando el PP regresa al poder, Villarejo no dudó en cambiar de bando y ponerse a su servicio y ofrecer información en contra del propio Rubalcaba, como se desprende de las grabaciones entre él y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Ya con el gobierno de Mariano Rajoy y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, Villarejo acabó de quedar fuera de control. El ministerio no negó su ayuda y le puso al frente de la operación Catalunya con la creación –idea del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino– de la Policía patriótica. Informes fantasma, investigaciones a dirigentes independentistas; supuestas cuentas en Suiza de miembros de la antigua Convergència, datos comprometedores de la familia Pujol, son algunos de los trabajos realizados por Villarejo. Se le agradecieron sus servicios y para cuando el gobierno quiso darse cuenta del monstruo que tenía dentro ya era demasiado tarde para pararle los pies.

Una camarera de pisos de un hotel palmesano simuló una baja médica para poder acudir a un oficio religioso, conducta que originó su despido disciplinario por la empresa, una medida ahora ratificada en una sentencia por la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

Según los hechos probados, la trabajadora, de nacionalidad extranjera y con una antigüedad de diez años, pidió a sus jefes un día libre para poder acudir a una celebración religiosa el 13 de noviembre del 2016. La gobernanta y el jefe de recursos humanos del hotel le denegaron el permiso, por necesidades de trabajo.

La sentencia afirma que la camarera replicó que, pese a la negativa, igualmente iría al oficio relgioso y que luego le descontaran un día de trabajo. El día 11 de noviembre la empleada presentó una baja médica por gastroenteritis, incapacidad en la que estuvo hasta el día 15. El hotel la despidió el día 24 por dos faltas muy graves.

La empresa sospechó de la baja y contrató un detective privado para vigilar a la camarera. Este investigador constató que el día 13 la supuesta enferma acudió a un templo, donde permaneció ocho horas. La mujer llevaba bolsas y, según el detective, no daba muestras de sentirse enferma.

La camarera recurrió el despido y un juzgado de lo social de Palma le dio razón y condenó al hotel a readmitirla y pagarle los salarios de tramitación, sentencia que ha revocado ahora el TSJB.

Según el Alto Tribunal, la demandante simuló la enfermedad para acudir a la ceremonia religiosa y su médico de cabecera le dio la baja porque se fió de los síntomas que ella afirmó padecer y porque la Seguridad Social en los centros de asistencia primaria no dispone de otros medios para corroborar un diagnóstico de gastroenteritis.

La sentencia afirma que se produce un elevado fraude a la Seguridad Social en las bajas de corta duración, abusos que perjudican al Estado y a las empresas. Esos fondos podrían dedicarse «a situaciones de verdadera necesidad»
«Lo que justifica el despido es el uso fraudulento de los medios que el sistema pone a disposición de los trabajadores para atender las necesidades de salud con la finalidad de anular el poder de organización y dirección del empresario», concluye el fallo.

Así funciona la Red de LaLiga contra la piratería.

En una primera fase, el equipo encargado de investigar la piratería cruza todas las bases de datos que puede (Google Maps, Páginas Blancas y otras bases de datos que se pueden comprar) para localizar dónde están los bares de toda España. Trabajan con una tesis abrumadora: de 120.000 locales de este tipo que hay en todo el país, al menos 60.000 usan irregular o ilegalmente las emisiones deportivas para atraer clientela. «Aplicamos la inteligencia de negocio y el big data para optimizar la información», explican desde LaLiga.

Es entonces cuando el sistema de espionaje a través del teléfono móvil de los usuarios de su app debería entrar en juego. » El micrófono captará fragmentos de audio con el único objeto de poder conocer si estás viendo partidos de fútbol» y «detectar fraudes», admitió La Liga a eldiario.es el pasado mes de junio. La aplicación acumula más de 10 millones de descargas en España. La Agencia de Protección de Datos anunció que estudiaría el caso ya que LaLiga hace algo que no es equivalente a otros usos del micrófono en la mayoría de las app: el micrófono se activa remotamente para hacer un análisis de lo que ocurre alrededor del teléfono, con lo que el mecanismo registra afectar a otras personas más allá del usuario que ha dado su consentimiento.

Cuando los bares más sospechosos están localizados, es el momento de los infiltrados, los hombres de negro de LaLiga que se camuflan entre los clientes para detectar si el fútbol que ponen en la tele cumple con los requisitos. Hasta 100 personas dedican sus ocho horas de jornada laboral de sus 22 días hábiles al mes para peinar miles de bares por toda España a la caza del fútbol pirata. Solo esta temporada, estas personas han realzado «más de 20.000 visitas a establecimientos públicos, detectándose más de 9.000 emisiones fraudulentas», según La Liga.

A veces, detectar la emisión irregular es fácil. Si en la pantalla es visible el logo del canal que emite el fútbol (GolTV, BeinSports, Movistar, etc.) ya es indicativo de una irregularidad. En las emisiones para establecimientos públicos (que pagan una tarifa diferente a los canales de televisión que tienen los derechos) se incluye un logo diferente en la pantalla: el de LaLiga.

A estos casos en los que simplemente el dueño del bar está pagando la tarifa para domicilio -más barata- en vez de la tarifa para negocios, LaLiga los clasifica como «irregulares». Según fuentes oficiales de LaLiga, ninguno de los establecimientos denunciados que han sido registrados o sancionados por la Policía esta semana entra dentro de este tipo de irregularidades, ya que por ahora están «dándole la oportunidad de regularizarse y adoptar la tarifa adecuada para poder seguir poniendo fútbol a sus clientes».